La Asamblea General de las Naciones Unidas decide que se proclame el 9 de diciembre Día Internacional contra la Corrupción.

Se sabe que en los países en los que se perciben altos niveles de corrupción, el ingreso per cápita es menor; la distribución del ingreso es más injusta; hay bajos niveles de inversión extranjera y nacional, así como bajos niveles de crecimiento económico. El grado de desarrollo de un país está relacionado negativamente con los niveles de percepción de la corrupción, por lo que podemos decir que ésta es una de las características del subdesarrollo.

La corrupción hace que se destinen recursos públicos a proyectos en los que hay más probabilidades de obtener un beneficio personal, mejor conocidos como «elefantes blancos», a costa de las prioridades del desarrollo del municipio, del estado o del país. Estos «paquidermos» no solamente alejan recursos de las necesidades reales de inversión, sino que con el afán de lucro, sus promotores suelen transgredir normas de seguridad y de protección al ambiente, causando pérdidas adicionales para la sociedad y para el ecosistema.

El relajamiento en las normas jurídicas promueve la corrupción, favorece el fraude, la evasión fiscal y el crecimiento de economías informales. La corrupción también lastima a los sistemas de procuración e impartición de justicia y reduce en general la calidad de los servicios públicos. La corrupción no solamente genera más corrupción, sino que promueve la impunidad y limita la capacidad de los gobiernos para combatirla, creando un círculo vicioso que de no detenerse, puede crecer y volverse incontrolable.

Resolucion 58/4 Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

La Asamblea General,

Recordando su resolución 55/61, de 4 de diciembre de 2000, en la que
estableció un comité especial encargado de negociar un instrumento jurídico
internacional eficaz contra la corrupción y pidió al Secretario General que
constituyera un grupo intergubernamental de expertos de composición abierta a fin
de que examinara y preparara un proyecto de mandato para la negociación de ese
instrumento, así como su resolución 55/188, de 20 de diciembre de 2000, en la que
invitó al Grupo Intergubernamental de Expertos de composición abierta, que debía
constituirse de conformidad con lo dispuesto en la resolución 55/61, a que
examinara la cuestión de los fondos transferidos ilícitamente y la repatriación de
esos fondos a sus países de origen,
Recordando también sus resoluciones 56/186, de 21 de diciembre de 2001,
y 57/244, de 20 de diciembre de 2002, relativas a la prevención de las prácticas
corruptas y de la transferencia de fondos de origen ilícito, la lucha contra ellas y la
repatriación de esos fondos a sus países de origen,
Recordando además su resolución 56/260, de 31 de enero de 2002, en la que
pidió al Comité Especial encargado de negociar una convención contra la
corrupción que concluyera su labor para fines de 2003,
Recordando su resolución 57/169, de 18 de diciembre de 2002, en la que
aceptó con reconocimiento el ofrecimiento del Gobierno de México de ser anfitrión
de una conferencia política de alto nivel con objeto de firmar la convención y pidió
al Secretario General que programara la conferencia por un período de tres días
antes del fin de 2003,
Recordando también la resolución 2001/13 del Consejo Económico y Social,
de 24 de julio de 2001, titulada “Fortalecimiento de la cooperación internacional
para prevenir y combatir la transferencia de fondos de origen ilícito derivados de
actos de corrupción, incluido el blanqueo de capitales, así como para repatriarlos”,
Expresando su reconocimiento al Gobierno de la Argentina por haber acogido
en Buenos Aires, del 4 al 7 de diciembre de 2001, la reunión preparatoria oficiosa
del Comité Especial encargado de negociar una convención contra la corrupción,

Leer Resolucion Cpmpleta

Corrupción en la República Dominica

El fenómeno de la corrupción o enriquecimiento ilícito en la administración pública dominicana ha alcanzado dimensiones desproporcionadas producto de una voluntad política permisiva ante la depreciación del erario público y la ineficacia de nuestra legislación para sancionar a los funcionarios que en el ejercicio de sus funciones se enriquecen ilícitamente.
Son muy escasos los funcionarios que ejercen un cargo público y al término del mismo no sean ya millonarios, creando de esta forma un negativo precedente para las futuras generaciones, y socavando la moral de todo un pueblo que flaquea en la consistencia necesaria para mantener la lucha contra la corrupción.
La corrupción administrativa se ha incrementado durante los últimos años, aunque ha existido desde los inicios de la vida independiente.

Actualmente en el país estamos con los sobornos que supuesta mente pago la Constructora Brasileña Norberto Odebrecht a Funcionarios; para que estos le adjudicaran obras a la empresa en el país. Los funcionarios que podemos mencionar que fueron acusados de recibir dichos sobornos están: Alfredo Pacheco Osoria diputado, César Domingo Sánchez Torres ex administrador de la CDEEE, Juan Temístocles Montás Domínguez ex ministro de Industria y Comercio, Juan Roberto Rodríguez Hernández ex senador, ex diputado y ex director de INAPA, Víctor José Díaz Rúa ex ministro, entre otros.